El pasado sábado decidí escribir una carta a los inspectores de Hacienda de este país que se llama España. En ella apelaba a su humanidad, a su dignidad, a su condición de víctimas también, igual que el resto de ciudadanos, de una ley vergonzante: la de la amnistía fiscal. A las pocas horas de publicarla, un colega me hizo llegar una noticia que me hacía pensar que tal vez, solo tal vez, pudiera haber un rayito de esperanza: los técnicos de Hacienda denunciaban la falta absoluta de transparencia en las situaciones fiscales de los amnistiados. No había vuelto a tener noticias al respecto. Lo cierto es que no había tenido tiempo de mirar si había habido alguna reacción más al respecto. No por mi carta, por supuesto, no creo que la haya leído ninguno de ellos; si os fijáis, la noticia que os enlazo es de fecha anterior a la publicación de la misiva.

A lo que iba; no había oído nada más sobre este tema. Hasta esta mañana, en la que he recibido una nota de prensa emitida el día 18 de este mes por el departamento de Comunicación de Ia IHE, la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado. En el texto del comunicado es palpable la profunda intranquilidad del colectivo por la preocupante situación que se plantea ante esta ley, ya que “se puede estar utilizando para blanquear dinero obtenido de forma presuntamente ilícita”. Algo que muchos ciudadanos damos por hecho… Pero eso no es todo. Los inspectores también denuncian en su nota que no pueden acceder a los datos de los amnistiados, por lo que es imposible que quienes deben trabajar por señalar y penalizar el fraude fiscal, la corrupción y el blanqueo de dinero puedan hacerlo. Incluso señalan que podría ser una ley “realizada exclusivamente para la conveniencia de los intereses de un partido político”, ley que emana de la cúpula del Ministerio de Hacienda, evidentemente.

Cristobal Montoro, ministro de Hacienda en los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy | Foto: Gtres

Denuncian que esta ley ha permitido pagar un peaje muy bajo por legalizar dinero sucio. No se estableció ningún tipo de control para saber el origen del mismo. Eso, explican en la nota, ha permitido que se hayan dado “varios casos de personas, objeto de investigación penal, que se han acogido a la misma”. Apología de la corrupción desde el propio ministerio, con el señor Montoro a la cabeza.

La Ley General Tributaria, en su artículo 95, habla del carácter reservado de los datos obtenidos por la Administración tributaria, de la imposibilidad de cesión o comunicación de los mismos a terceros, pero señala varias excepciones. Y muchas de ellas especifican que esos datos podrán ser compartidos con otros organismos —órganos jurisdiccionales, Fiscalía, tribunales, Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales, etc.— cuando estos puedan o deban ser objeto de investigación o persecución por delito. Y eso es lo que se reclama en esta nota de la IHE, el acceso de los inspectores de Hacienda a estos datos que ahora tienen vetados. Ojo, no nos confundamos, ellos quieren acceder a la información que explique de dónde sale ese dinero amnistiado. Los nombres de los presuntos corruptos los tienen. Y esos nombres no los van a publicar, explican en la nota. Porque ese mismo artículo 95 de la Ley General Tributaria lo impide: “Si el Gobierno quiere que parte de ella sea pública debe cambiar las leyes, empezando por el artículo 95 de la Ley General Tributaria”.

¿Y por qué dicen esto en su nota?, os preguntaréis. Muy sencillo: porque el propio Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas “daba publicidad a la situación fiscal de un contribuyente, ex-tesorero de un partido político, manifestando que no se había acogido a la Amnistía Fiscal”. Aunque sea diciendo que Bárcenas no se había acogido a la amnistía, Montoro estaba facilitando datos que por ley no se pueden comunicar públicamente. ¿Es que el Ministerio ha cambiado la Ley y no lo ha comunicado ni al editor del BOE? No, la ley no se ha modificado,  por eso afirman con rotundidad que ante la difusión de esta información al respecto de Bárcenas “es absolutamente inadmisible que solo se hagan públicos los que convengan a los intereses políticos de un determinado partido”.

Luis Francisco Bárcenas, gerente y tesorero del Partido Popular

Con esta nota, la IHE también denuncia dos aspectos no menos graves que todo lo anterior. Por un lado, que con esta Ley se ha recaudado menos de la mitad de lo previsto, “dejando un agujero presupuestario de más de 1.300 millones de euros” muy lejos de ser un éxito como lo definió el propio Ministerio. La segunda denuncia hace referencia a la politización de la Agencia Tributaria, urgiendo sobre la necesidad de la constitución de la misma como “ente independiente del poder político”.

En mi carta les pedía que publicasen los nombres de esos corruptos. Ahora me reitero en mi petición: los motivos para eso me los han facilitado ellos mismos con su nota de prensa. Así que repito:

Apreciados inspectores de Hacienda, habitantes también de este país que se llama España: ayúdennos, por favor. Ayúdennos para ayudarse también a ustedes, para ayudar a todos los ciudadanos. Cambiar esta situación es responsabilidad de todos nosotros.